Los diputados Carmen Fúnez y Enrique Belda, representantes en el Congreso de la provincia de Ciudad Real, han declarado que la Constitución Española garantiza que la justicia sea administrada por jueces y magistrados independientes, sometidos únicamente a la ley. “Esta independencia no es un adorno institucional, es la base del Estado de Derecho. Cualquier intervención del Gobierno en la carrera profesional de jueces y fiscales debe evitarse”, han opinado.
Aclaran Fúnez y Belda que, hasta ahora, la norma garantiza que el acceso se rija por mérito, capacidad, igualdad y objetividad, mediante oposiciones públicas y bajo control exclusivo del Consejo General del Poder Judicial, y explican que se trata de una arquitectura jurídica que impide que el poder político interfiera en quién accede, cómo se forma y cómo progresa un juez o un fiscal. Asimismo, señalan que este modelo no es nuevo ni accidental, aunque ha experimentado mejoras y actualizaciones, ya que, desde finales del siglo XIX, el sistema de oposición pública ha sido considerado una herramienta de progreso y justicia social, porque sólo un proceso basado en pruebas científicas y transparentes, no en valoraciones personales o afinidades políticas, puede garantizar que la carrera judicial esté formada por los mejores, con independencia de su origen o contactos. De igual modo, consideran que esa exigencia de preparación técnica y práctica asegura, no solo la competencia profesional, sino también la imparcialidad necesaria para que un juez decida sobre derechos y libertades sin presiones ni dependencias.
Por todo ello, denuncian que “la reforma del Gobierno desmantela estos principios. Debilita la objetividad de la oposición libre como vía principal de acceso por fórmulas más subjetivas, entrevistas sin garantías y mecanismos valorativos que abren la puerta a la discrecionalidad y la politización. Además, se potencian vías paralelas al sistema ordinario de acceso a la carrera judicial como la generalización del cuarto turno o la estabilización de sustitutos que rompen la igualdad de oportunidades, eliminan el mérito como criterio y permiten nombramientos afines al poder”.
Por tanto, para Fúnez y Belda esta transformación no fortalece la justicia, sino que la debilita desde su base. Por eso, explican que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad como un acto de responsabilidad democrática y de defensa de la legalidad constitucional, afirmando que “no hay justicia sin independencia, ni independencia sin objetividad en el acceso”.
En esta misma línea, consideran los diputados ciudadrealeños que “cuando se sustituye el sistema de oposición libre y objetivo por fórmulas híbridas con la excusa de reducir pruebas memorísticas, obviando que la oposición da acceso a un amplio periodo de escuela y prácticas para adquirir la condición de juez o fiscal, se dinamita el sistema de esfuerzo”. Además, aseguran que el nuevo modelo disminuye la transparencia y aumenta el riesgo de arbitrariedad, y el acceso se transforma en un ejercicio valorativo más permeable a sesgos ideológicos y personales. En este sentido, alertan de que las propias asociaciones de jueces y fiscales han advertido del riesgo de politización por falta de transparencia y garantías.
Comisión de Ética Judicial: Mecanismo de control político
Por otro lado, denuncian Fúnez y Belda que los socialistas pretenden la intervención del poder político a través de la configuración y funciones de la Comisión de Ética Judicial, ya que “este instrumento puede usarse como forma de presión indirecta sobre la actuación judicial”.
Para finalizar, aseguran que “la autonomía de los jueces se ve alterada, afectando su independencia funcional, en contra de los estándares europeos y las reiteradas recomendaciones para que en España se sustituyan todos aquellos aspectos de la normativa que permiten la injerencia política en el poder judicial”.
