De todos es sabido que no es precisamente el Gobierno español uno de los más decididos a la hora de combatir una «okupación» de viviendas que lleva ya demasiado tiempo convertida en flagrante agresión a derechos fundamentales como el de la propiedad privada, por mucho que desde la demagogia populista de nuestra izquierda pretenda relacionarse el asunto con una dificultad para el acceso a la vivienda en nuestro país que es más que evidente y para la que tal vez no se estén tomando las medidas adecuadas, empezando por las trabas de propietarios –no precisamente grandes capitalistas– para poder alquilar con un mínimo de garantías jurídicas.
En España hemos pasado durante los últimos siete años –los que lleva en el poder una coalición social comunista– de periodos de 13 meses para concretar desalojos por ocupaciones ilegales a casi el doble. Dato alarmante al que se suma el efecto multiplicador en el número de casos reportados. Solo el año pasado, el aumento se situó en el 7,4 por ciento con más de dieciséis mil usurpaciones de viviendas testadas por las fuerzas de seguridad previa denuncia.
Somos en Europa los campeones en el índice de ataques de este tipo a la propiedad privada y tal vez por ello les convenga a nuestros actuales gobernantes fijar la vista en países que decididamente se han lanzado a revertir una situación que nos empuja a tiempos sin ley del salvaje oeste.
La denostada jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, en un gesto que no se corresponde precisamente con postulados «ultraderechistas», ya puso en marcha un ejemplar decreto de seguridad que, entre otras cosas, endurece las medidas a tomar en este tipo de casos con penas de prisión de entre dos y siete años por la «ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno», así de claro y de sencillo, añadiéndose el procedimiento de urgencia para la liberación de una vivienda «okupada» por delincuentes, porque sí, en la mayoría de casos hablamos de delincuentes. Meloni no tiene ni mucho menos la varita mágica para mostrarnos cómo afrontar el grave problema de la vivienda, pero sí nos ha mostrado un camino exento de complejos para defender con determinación la legalidad y la seguridad como pilares de todas las libertades. El acceso a la vivienda es tan sagrado que no admite patadas al tablero, pero acabará la renqueante legislatura y la casa por barrer.
