El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrenueva ha denunciado que el alcalde socialista de la localidad, Raúl Bravo, podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa al adjudicar de forma directa cuatro contratos menores por un importe total de 128.953,72 euros a una misma empresa que, según consta en informes técnicos, concurría en causa de prohibición para contratar con dicha administración.
Explican los “populares” que las contrataciones, correspondientes a cuatro obras distintas en el municipio, se formalizaron pese a contar con informes desfavorables de la Secretaría-Intervención municipal, que formuló sendos reparos al procedimiento en los que se advertía, además, de que la Alcaldía “podía incurrir en delito de prevaricación de acuerdo con el artículo 404 de la del Código Penal”. La objeción técnica se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), dado que la empresa adjudicataria está participada en un 33% por un familiar del propio alcalde, quien, además, ostenta las competencias en materia de contratación, “produciéndose un conflicto de intereses”, han aclarado los ediles del PP.
A pesar de estos reparos, que advertían expresamente de la incompatibilidad legal de la empresa propuesta, Raúl Bravo procedió a adjudicar estos cuatro contratos a la misma mercantil, ignorando las advertencias de legalidad del órgano fiscalizador interno del Ayuntamiento, es decir, la Secretaría-Intervención.
Señalan desde el PP de Torrenueva que este hecho podría constituir una vulneración grave del marco legal que regula la contratación pública, además de suponer una quiebra de los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que deben regir la actuación de toda administración pública. “La reiteración en la adjudicación a una empresa vinculada familiarmente, y la existencia de advertencias expresas en contra, podrían ser indicios de una actuación deliberada y consciente contraria al derecho, tipificada como prevaricación administrativa en el Código Penal”, han aseverado.
Asimismo, los concejales del PP lamentan que no sea la primera vez que este alcalde desoye las advertencias de la Secretaría-Intervención de su ayuntamiento, y han recordado como en 2024 la Secretaría formuló reparo a una factura de compra de un elevado número de entradas a los festejos taurinos de 2023 por no haber justificación de por qué se compraron ni para quien fueron. También la contratación de un asesor jurídico externo fue objeto de un reparo de la Secretaría-Intervención por no justificarse de forma adecuada la necesidad de dicho contrato, “una contratación que olía a amiguismo, ya que los servicios contratados los cubría perfectamente la Secretaría de este Ayuntamiento”, han aseverado.
“Desde el Partido Popular no vamos a consentir comportamientos caciquiles, irresponsables y nada transparentes, y vamos a denunciar todas y cada una de las tropelías de este alcalde. Le exigimos explicaciones inmediatas y nos reservamos la posible interposición de acciones legales para depurar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente”, han declarado.
Han finalizado asegurando que el caso ha generado malestar entre los vecinos y preocupación por el uso de los recursos públicos.
