El INE ha informado recientemente que España ha superado, en el primer trimestre de este año, los 49 millones de habitantes. Ello se ha debido a un extraordinario aumento de la población durante los tres últimos años, cifrado en 1,6 millones de personas. La fuerza impulsora de esa dinámica no ha sido otra que la inmigración, pues de esta última cantidad, un 87 por ciento –o sea, 1,4 millones– lo constituyen los extranjeros que, por una u otra vía, han entrado en España a promedio de 467.000 al año. De esta manera, la población de nacionalidad foránea ha llegado a casi siete millones de individuos. Y hay además otros 2,5 millones que, aunque nacieron fuera del país, se han nacionalizado españoles.
Estos datos muestran una aceleración extraordinaria del fenómeno migratorio, impulsada sin duda por las oportunidades de empleo que se han generado bajo un modelo de crecimiento económico basado en sectores de muy baja productividad –principalmente en la construcción y los servicios–, así como en un incremento, también formidable, del consumo público potenciado por el llamado escudo social. Que ello sea sostenible en el futuro es incierto. Pero de lo que no cabe duda es de que la población inmigrante ha copado la mayor parte de los puestos de trabajo que se han creado, y de que ello ha suscitado la inquietud y a veces el rechazo entre los nacionales. El economista británico Paul Collier expuso en su libro «Éxodo» que, en situaciones en las que la inmigración aumenta más que la capacidad de asimilación de los extranjeros –que se fundamenta esencialmente sobre bases culturales–, la sociedad entra en una situación de pánico que le conduce, en medio de tensiones políticas y sociales, a restringir severamente su entrada e, incluso, a proceder a su expulsión. No creo que España se encuentre de lleno en esa etapa, pero ello no obsta para que, con razón o sin ella, hayan comenzado a sonar las alarmas. Vox se ha aprovechado políticamente de esto, pero ello no quita para que el Gobierno tenga en cuenta los consejos de Collier y establezca techos migratorios y adopte políticas discriminatorias en favor de los inmigrantes más cualificados, pues lo que está en juego es la futura paz social.
